(NOTICIA)
El
pasado miércoles, 30 de enero, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente dio el visto bueno al nuevo proyecto
gasístico en Doñana. Dicho proyecto incluye 14 pozos de extracción
y una red de tuberías de 70 kilómetros. Gas Natural Fenosa, empresa
promotora de dicho proyecto, ha contrastado que de estos 70
kilómetros, 20 serán de nueva construcción, siendo el resto
gasoductos ya existentes pero reformados. Al mismo tiempo, la idea ha
contado con el visto bueno de la Junta de Andalucía y el Consejo de
Participación de Doñana.
Por
otro lado, ese proyecto ha levantado críticas de diversos grupos
ecologistas, como la WWF y SEO donde han presentado quejas en la
Junta de Andalucía, que continua tramitando estos documentos. Entre
estas quejas destaca la de Juanjo Carmona, representante de WWF,
donde ha criticado la decisión de Miguel Arias al dejas que el
proyecto intervenga en dicha zona ambiental. Además, WWF España, ha
dejado claro su deseo de llevar este caso a la Comisión Europea.
El
Estado ha aclarado que a la compañía Gas Natural se le permitirá
cometer actuaciones dentro de los límites del espacio natural de
Doñana pero que no en el parque nacional, la zona de máxima
protección.
La
extracción de gas en Doñana lleva realizándose desde hace ya
varias décadas, pero la WWF reclama que autorizando este proyecto,
el propio Estado estará consolidando una actividad que debería de
desaparecer de dicho espacio protegido.
En
nuestra opinión, pensamos que el proyecto debería ser anulado,
ya que en esta zona viven muchas especies, como por ejemplo el lince
ibérico, que lleva varios años ya luchando por no extinguirse, y un
cambio en el ecosistema podría afectar a dichas especies.
Además
en esta zona no se permiten muchas cosas, como por ejemplo la entrada
de coches, por lo que nos parecería injusto, que ahora el Estado
permitiese edificar en esa zona, alterar dicho ambiente y provocar
cambios y daños que el propio paso de los coches no podrían causar.
Pensamos
que la aprobacón del proyecto por parte del Estado se debe a intereses económicos,
ya que esta zona esta siempre muy vigilada, y nos resulta extraño
que el Estado permita ahora que se manipule este territorio
protegido.
Mateo Amieva y Antonio López
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