La Comisión Europea, tal y como está redactado en el periódico El País, ha denunciado a Francia y Luxemburgo ante el tribunal de Justicia de la UE por aplicar el tipo de IVA reducido a los libros electrónicos, algo que no permite la normativa comunitaria, y distorsionar así la competencia en perjuicio de los editores de otros Estados miembros.
Varios ministros de finanzas y representantes de la industria editorial, tanto del papel como de la electrónica, se han quejado ante Bruselas sobre el "efecto negativo" de la actuación de Francia y Luxemburgo en las ventas de libros en sus respectivos mercados nacionales, según ha explicado la Comisión en un comunicado. Aún así, ni el gobierno galo ni el luxemburgués han modificado su régimen fiscal.
La Comisión prepara una reforma de la normativa del IVA para que los libros en papel, a los que sí se les puede aplicar el tipo reducido, y los libros electrónicos sean gravados de la misma forma. Las nuevas reglas podrían entrar en vigor en 2015.
"No obstante", dijo el comisario de Fiscalidad Algirdas Semeta, "mientras tanto, los Estados miembros deben jugar limpio. La infracción de las reglas sobre el IVA para los libros electrónicos distorsiona el mercado interior y vulnera el principio fundamental de la UE de una competencia fiscal justa"
Frente a esta noticia, nuestra opinión oscila entre dos grandes bandos.
El primero, el de la justicia. Es bien cierto que la medida aplicada por Francia y Luxemburgo es injusta tanto para el resto de los países como para el mercado nacional de los libros impresos. Estos dos Estados han infringido una ley acordada por el conjunto de la Unión Europea, en perjuicio de la competitividad: la gente comprará libros electrónicos procedentes de estos dos países antes que de los suyos propios o cualquier libro en papel.
Pero, por otra parte, nos parece una medida muy acertada. La cultura es un bien común, que en estos años de crisis se ha valorado incluso como bien normal en cuanto a la imposición del IVA. Defiendemos el derecho a poder acceder a la cultura de una forma más económica, como la de considerarla un bien reducido, así que, ¿Por qué denunciar a estos países por aplicar una actuación favorable en defensa de la cultura? ¿Por qué no crear en conjunto una ley que se aplique en todos los países reduciendo este impuesto tanto a los ebooks como a los libros en papel? Esta denuncia no tendría sentido a menos que lo que se busque es que la gente no lea, ya que cuanto más ignorante, más fácil de controlar...
Y a vosotros, ¿Os parece acertada esta noticia? ¿Os parece injusta o, por el contrario, creéis que debería extenderse a los demás países?
Laura Herreras Bartolomé y Anabel Sánchez
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